LA SOCIEDAD DEL MIEDO
La sociedad peruana tiene
miedo. Miedo de que los inversionistas se vayan. Miedo de que no tengamos
dólares. Miedo de que se repita un gobierno a lo García entre 1985 y 1990, con
escasez, desabastecimiento, irresponsabilidad, latrocinio e hiperinflación.
Sin embargo es cada vez más necesario,
urgente, pensar en formas distintas de manejar las bases económicas del
desarrollo del Perú. Será inevitable además porque el principal comprador, la
República Popular China, ya decidió desacelerar su economía, no crecer más a
tasas de dos dígitos para pasar a un crecimiento más sostenido de 6% o 7%
basándose en la dinámica del mercado interno. Necesitarán menos hierro, menos
cobre para construcciones espectaculares; más manufacturas, alimentos para su creciente clase media. Cambiarán
gradualmente su base productiva industrial contaminante para dirigirse a la
alta tecnología limpia en la que el cobre peruano ya no tiene lugar.
Se da la paradoja de que el
Perú es un país mega diverso al mismo tiempo que mono productor porque está
entre los cuatro países con mayor diversidad biológica del mundo y sin embargo
sus exportaciones mineras son el 60% del total de exportaciones. El Perú es el
país más “mineralizado” del mundo. Los minerales pesan como plomo en sus
exportaciones.
Para ser justo, hay que decir
que la minería no es el único agente contaminante en el Perú. La pesca
industrial, la tala ilegal de bosques, la explotación petrolera, las industrias
químicas, la instalación desordenada de la población en urbanizaciones y
asentamientos, los desagües y el arrojo de basura, son actividades intensamente
contaminantes. El Perú requiere el cumplimiento radical e inmediato de normas
que limpien su atmósfera, sus aguas, y que establezcan un sistema ordenado y
sostenible de uso de los recursos del país. Todos aquellos que causen daños,
sean quienes fueren, deben ser obligados a repararlos. Y para eso hay que
desalojar del Estado, de la burocracia y el Congreso, a los agentes de las
empresas contaminantes y a los traficantes de tierras. E instalar un régimen democrático
– participativo pero a la vez duro y fuerte, con objetivos de justicia
ambiental, económica y social.
